El desastre electoral que está en puerta

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– El Plan B es un desastre. Eso es un consenso entre todos los involucrados, incluidos los que lo promovieron y aprobaron. Las aristas de la inconstitucionalidad son diversas, porque se violentó el proceso legislativo, ya que nadie tuvo el tiempo de leer la iniciativa y esto genera inseguridad jurídica. 

Destaca, por supuesto, la intentona de esquivar los requisitos para la conservación y obtención del registro de los partidos, lo que favorecería al PT, al Verde Ecologista y aunque no fuera el objetivo, al PRD. 

Dicen que fue una errata, que se les coló, en la iniciativa, un párrafo que no era el adecuado. No fue así. El despropósito es la consecuencia de las negociaciones para obtener el apoyo de aliados de la 4T, ya que entre ellos existían dudas sobre la barbaridad que se estaba procesando. 

El presidente López Obrador ya dijo que no le gustó este tema en particular, porque sólo él tiene la potestad de favorecer o desfavorecer a otras fuerzas políticas. Por eso lo van a corregir. 

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También se coló la posibilidad de que se puedan transferir votos. Esto está prohibido, pero, en un descuido, los diputados incluyeron lo siguiente: “los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”. 

En la reforma del 2008, se incluyó algo parecido, también para favorecer a las organizaciones políticas que suelen arañar apenas los sufragios que requieren para sobrevivir. Pero como eso contravenía la voluntad de los electores, que es lo que más importa, la Suprema Corte lo declaró inconstitucional, hace 14 años, porque no resultaba razonable que un partido que no obtuvo el apoyo ciudadano suficiente, recibiera votos de modo ilegítimo.  

Este aspecto quiere ser preservado, por eso pidieron, desde la Secretaría de Gobernación, una opinión al Tribunal Electoral. Es probable que les digan que no se puede, pero ya sabemos que cuando se empeñan, en la 4T, no hay ley o disposición que valga. 

Es inquietante lo que está ocurriendo, porque lo que los diputados de Morena y sus aliados votaron favorablemente es un cambio profundo en el sistema electoral. 

Por ejemplo, se está dando por terminado el modelo de comunicación política que se estableció después de las elecciones de 2006. 

Recordemos que los que ahora gobiernan insistieron en imponer controles a los servidores públicos sobre su libertad de expresión. 

En su análisis, López Obrador perdió la contienda presidencial, por las intervenciones de los servidores públicos que hicieron campaña en su contra al dejar clara su posición sobre los riesgos que implicaría la alternancia en esa coyuntura específica. 

Les hicieron caso y se establecieron restricciones sobre lo que pueden y no pueden hacer los servidores públicos, respecto a sus propias aspiraciones de carácter electoral.

En la maraña de cambios que se probaron en San Lázaro, también le tocó a la Ley General de Comunicación Social, precisando que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de los servidores públicos que las realicen en el uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones. 

Es decir, se podrá denostar a la oposición, hacer planteamientos favorables a un determinado proyecto, utilizando las plataformas y los recursos públicos. 

Claro, esto no se ajusta al artículo 134 de la Constitución, pero seguro se considerará una especie de minucia. 

El Plan B para nada es un ajuste, es una transformación de proporciones mayores que, de ser respaldado por el Senado de la República, afectará la calidad de las elecciones. 

El daño es incalculable, pero será grave porque el INE se quedará en un nivel de operación raquítico. Están quitando piezas de una maquinaria en funcionamiento y en el horizonte de una contienda por la presidencia de la República. Una irresponsabilidad mayor, por donde quiera que se le vea.  Se va a ensayar un esquema distinto, en el momento de mayor complejidad en la disputa por el poder político. Como volar sin brújula y, peor aún, sin plan de ruta. 

Es absurdo el gradualismo, el irse con la finta de que hay cosas que están bien, que nada es blanco y negro. Por desgracia sí lo es, y muy sombrío. 

Ojalá los senadores lo aquilaten y rechacen lo aprobado en la Cámara de Diputados. En sus manos está el futuro democrático de México. El corto plazo no debe hacerles perder de vista todo lo que se encuentra en riesgo. 

@jandradej 

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